¿Qué se puede hacer para salvar a las personas amparadas bajo TPS?

Publisher: 
El Tiempo Latino
Author: 
Tibisay Zea
Publication Date: 
November 7, 2017

A nivel legal, los nicaragüenses amparados con el TPS pasarían a ser indocumentados si deciden quedarse en el país después del vencimiento su permiso y, por ende, deportables

¿Qué se puede hacer para salvar a las personas amparadas bajo TPS?
El alcalde de Somerville, Joseph Curtatone, habla en una manifestación a favor del TPS en las escaleras de la Casa de Estado de Massachusetts | T. ZEA

La adminstración del presidente Donald Trump ha decidido revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 2500 nicaragüenses, quienes ahora cuentan con un plazo de 14 meses para salir del país. La decisión fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) este lunes.

Además, se mantiene en suspenso la situación de casi 60.000 inmigrantes hondureños, pues administración Trump dijo el lunes que necesita más tiempo para decidir. El TPS de Honduras fue extendido, pero apenas por unos meses, hasta el 5 de julio de 2018 y bajo la premisa de que, después de eso, deben prepararse para el fin del programa.

Un grupo de beneficiarios del TPS, activistas comunitarios, inmigrantes y representantes políticos, entre ellos el alcalde de Somerville Joseph Curtatone, se reunieron este miércoles frente a la Casa de Estado de Massachusetts en una manifestación convocada por Centro Presente para pedir a los legisladores apoyo en esta cruzada de los beneficiarios del TPS.

Adrian Madaro, representante estatal de East Boston, se comprometió a presentar una ordenanza ese mismo día para fijar posición respecto al TPS.

El Estatus de Protección Temporal es un permiso que ofrece el gobierno de Estados Unidos a nacionales de ciertos países, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente, por un tiempo determinado. Generalmente este permiso dura 18 meses, tiempo después del cual se puede renovar.

Los países amparados bajo el TPS tienen muchas similitudes: todos son muy pobres y sus ciudadanos han recibido la protección justo después de haber sufrido los embates de desastres naturales. En el caso de Nicaragua y Honduras fue en 1999, tras el huracán Mitch; para El Salvador fue en el 2001 después de los dos terremotos, y para Haití en 2010, siguiendo el huracán Matthew que devastó la isla.

En su decisión sobre Nicaragua, el DHS “determinó que las condiciones substanciales, pero temporales, causadas por el huracán Mitch ya no existen”.

El DHS explica que el plazo de 14 meses les permitirá “buscar alternativas para obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos, si son elegibles, o para preparar su partida”.

En Honduras, sin embargo, pese a ser también Mitch el desastre que motivó el programa, Seguridad Nacional prorrogó su decisión final alegando que les falta de información sobre las condiciones sobre el terreno comparadas con las de antes del huracán. “No obstante, -advirtieron- dada la información de la que se dispone, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses, con su debido retraso”, apuntó el DHS.

Lamentablemente no estamos esperando noticias muy positivas”, reconoció Patricia Montes, directora de Centro Presente, una organización pro inmigrantes de Boston que ha venido luchando por el TPS desde hace varios años. “Puedo percibir que hay una ansiedad y miedo colectivo en la comunidad. Nosotros lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo, no queríamos alarmar a la comunidad pero sabíamos que algo así podía avecinarse”, dijo.

Patricia Montes es hondureña y nos contó que esta incertidumbre le afecta no solo como activista, sino también en el ámbito personal porque tiene familiares que están amparados bajo el TPS. “Honestamente es difícil que lo que hagamos a nivel local tenga impacto en la decisión, pero es importante que estados como Massachusetts, que son progresistas, que apoyen a las comunidades”.

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos no anunció decisión alguna sobre los TPS para Haití y El Salvador, cuyas fechas de expiración están programadas dentro de las próximas semanas.

Si bien aún no han decidido el destino de los 57,000 titulares de TPS hondureños, sabemos que esta decisión es parte de una estrategia más amplia para criminalizar a más de 300,000 titulares de TPS de Haití, El Salvador y otros países que han sufrido desastres. También denunciamos las tácticas que este gobierno utiliza para aumentar el apoyo de una base menguante de personas asustadas y mal informadas que están siendo manipuladas mientras Trump, su familia y facilitadores se van con miles de millones de dólares”, manifestó Centro Presente en un comunicado.

A nivel legal, los nicaragüenses amparados con el TPS pasarían a ser indocumentados si deciden quedarse en el país después del vencimiento su permiso y, por ende, deportables.

Por casi dos décadas, y de manera ininterrumpida, los nicaragüenses, hondureños y salvadoreños se han amparado bajo esta protección. En el caso de los haitianos, el permiso ha estado disponible por siete años.

El grupo más grande de receptores de TPS -unos 200,000- son de El Salvador, y el DHS tiene hasta principios de enero para anunciar sus planes para ellos. En Massachusetts hay 7,800 beneficiarios de este amparo, de El Salvador, Honduras y Haiti.

Muchos de estos inmigrantes tienen hogares, negocios y niños nacidos en EE.UU. Al perder sus beneficios y permisos de trabajo, algunos podrían decidir mudarse al sector informal de la economía, lo que significa que muchos empleadores perderían a sus trabajadores, veríamos familias separadas y la disminución del poder adquisitivo de comunidades enteras.

¿Qué más puede hacerse?

A nivel legislativo no hay mucho que pueda hacerse, puesto que la decisión de extensión del TPS es un decreto presidencial.

La renovación ha sido algo casi automático por dos décadas, en las que han pasado tanto presidentes demócratas como republicanos. Con el caso de Haití se han enviado cartas y se han movido piezas a nivel legislativo pero poco ha sucedido.

Patricia Montes de Centro Presente está convocando manifestaciones de protesta en Boston frente a la Casa de Estado, y también para hacer llamadas a los legisladores locales. Ella misma reconoce que “es bien difícil” que lo que hagamos a nivel local tenga un impacto en las decisiones ejecutivas, pero es importante que estados como Massachusetts se manifiesten y apoyen a las comunidades”.

Lo que sí podría hacerse es presionar para pedir al congreso una vía de legalización para estas personas.

 

 

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